UNA POLÍTICA POPULAR Y DEMOCRÁTICA

Después de 25 años de continuidad institucional llegó la hora de abandonar la transición y forzar un auténtico gobierno del pueblo.

Aun cuarto de siglo del inicio del ciclo democrático inaugurado en 1983, la Argentina se acerca a su bicentenario en medio de un conflicto social, ideológico y político de gran significación (que nos hemos habituado a nombrar como “el problema del campo”), alrededor del cual se han oído y leído, a lo largo del último par de meses, razones y argumentos que revelan hasta qué punto están siempre abiertas las discusiones sobre el fundamento y la naturaleza de un orden
social justo, discusiones que si hace doscientos años escoltaron el movimiento emancipador de Mayo, no han dejado de acompañar desde entonces los avatares de la historia política nacional, y de hacerse dramáticamente intensos en ciertos momentos particularmente decisivos de esa historia. No hay duda de que lo que se dio en llamar la “transición a la democracia”, tras el fin de la última dictadura militar, fue uno de esos momentos, y por eso es especialmente importante recordar las discusiones que en aquellos años buscaban definir los rasgos deseables de un orden democrático satisfactorio y duradero, así como las evoluciones políticas que, desde la Semana Santa de 1987 hasta el Pacto de Olivos de 1993, llevaron a ese orden a asumir ciertas características particulares. Para decirlo rápido, sería posible afirmar que si lo que en aquellos años solíamos llamar “democracia” siempre fue una especie de “mix” de instituciones y prácticas asociadas al principio (democrático) de la participación popular en los asuntos públicos y de otras instituciones y prácticas asociadas al principio (liberal) de la representación de los ciudadanos por sus dirigentes, ese mix fue asumiendo cada vez más, con el correr de los años, el rostro de uno solo de sus polos: este último. No se equivocaba el ex presidente Raúl Alfonsín cuando caracterizaba al Pacto de Olivos como la culminación del ciclo de la “transición”. En efecto, ese pacto, firmado de espaldas a la ciudadanía –y a las propias bases partidarias de sus signatarios– por los dos mayores líderes políticos de esos años, constituye la culminación de ese ciclo en el doble sentido de que le pone fin y de que lleva a su límite la lógica de los acuerdos cupulares que casi desde el comienzo, y progresivamente, les había ido ganando la partida a los anhelos de una mayor participación de los ciudadanos y sus organizaciones en el gobierno de su vida en común.

Gobierno de todos

Con todo, incluso este tipo de régimen político, sostenido sobre el bastante restrictivo principio de que los ciudadanos no deliberan ni gobiernan sino a través de sus representantes, rinde culto a la vieja idea del pueblo soberano al insistir en que esos representantes actúan siempre en nombre de ese pueblo y muñidos de la legitimidad que esa delegación de autoridad les proporciona. Ese es el principio que la Presidenta de la Nación sostuvo en su importante discurso de Parque Norte, en la semana más álgida del boicot (ni paro ni lockout) rural, cuando sostuvo que la representante del pueblo argentino no podía negociar bajo la presión de una medida de fuerza sectorial, y desestimó la idea de que “el campo” (que son, pocos o muchos, algunos ciudadanos) y el Gobierno (que, se piense de él lo que se quiera, es el gobierno de todos ellos) puedan ser considerados dos “partes” más o menos equivalentes de un conflicto. Esa afirmación fue muy importante porque, bajo la disparatada pretensión de que los miembros de un cierto grupo productivo constituían la encarnación misma de la patria, y de que sus intereses debían estar más allá de cualquier preocupación por el bien común, eran nada menos que los fundamentos clásicos de la democracia liberal los que estaban siendo cuestionados por los gritones reclamos de la dirigencia agropecuaria. Pero la Presidenta dio todavía un paso más allá cuando, en su siguiente discurso –esta vez en Plaza de Mayo– retribuyó el fuerte apoyo popular a su gobierno con una frase que debería ser música para los oídos de cualquier demócrata cabal: “Sola no puedo”, dijo. Desde luego. Sola no puede ni debe, y ese reconocimiento es un paso decisivo hacia la construcción de un estilo más democrático (es decir, repito, más participativo) de gobierno. De un Gobierno que no se ha mostrado amigo de los acuerdos cupulares que, por cierto supo llevar adelante en un sentido mucho más favorable a los intereses populares que los gobiernos precedentes, pero a los que una actitud coherente con la promesa implícita en esa declaración (“Sola no puedo”) debería ir reemplazando por formas más amplias y sistemáticas de estímulo a la participación popular, deliberativa y activa.

Así, los avatares de la coyuntura actual nos vuelven a situar frente a los grandes problemas teóricos y políticos de los años en que la Argentina empezaba a diseñar las coordenadas de la democracia. Cuyas posibilidades queremos que el Bicentenario nos encuentre disfrutando, y que puede ser bastante mejor que la que tenemos. Contribuiría a ello un debate que asumiera con inteligencia algunas cuestiones que hace doscientos años interesaron a los políticos e intelectuales “mayos”, y que hoy vuelven (no siempre planteadas del mejor modo) a nuestras propias discusiones, como por ejemplo la clásica cuestión de la república. Que si en una tradición del pensamiento político occidental está firmemente asociada al reconocimiento de la centralidad del conflicto en cualquier cuerpo político, y a la apuesta, en ese conflicto, por los intereses de los sectores populares, del pueblo, frente a los de las minorías privilegiadas, en la versión en la que hoy reaparece entre nosotros asume una entonación decididamente contraria. En efecto, hoy la idea de república se presenta más bien, en nuestras discusiones políticas, académicas y periodísticas, como un conjuro de cualquier forma de apuesta por esos intereses, como una especie de talismán frente al temido fantasma de lo que se designa, un poco torpemente, como populismo, y como una apuesta por un orden armónico y sin conflictos. Lo que significa, puesto que esos conflictos existen, por la perpetua solución de esos conflictos a favor de los intereses de los ricos. Contra esa pretensión es necesario pensar y construir una república popular y democrática. Una república, es decir, una cosa pública, una cosa que sea común, que sea de todos, pero que no deje de ser, al mismo tiempo, una cosa conflictiva, un espacio donde se escenifiquen y diriman los conflictos entre los distintos grupos de la sociedad. Una república popular, es decir, una república donde esos conflictos encuentren condiciones favorables para resolverse en favor de las mayorías populares. Y una república democrática, es decir, donde la ciudadanía participe activamente en su gobierno, no en (el) lugar de sus representantes, sino sustentándolos (haciéndolos más representativos, y así más fuertes) por medio de su participación.

Eduardo Rinesi Politólogo y filósofo

Director del Instituto del Desarrollo Humano
de la Universidad Nacional de General Sarmiento